Gracias a la aprobación de una reforma constitucional, las personas con discapacidad permanente tendrán derecho a recibir pensión, indicó la diputada federal, Anabel Acosta Islas.
Además, dio a conocer que se planteó que el Estado garantice un programa de rehabilitación a las personas con esta condición, dando prioridad a menores de 18 años de edad.
Acosta Islas mencionó que esta reforma va encaminada a convertir en derechos sociales programas y políticas públicas implementadas durante el gobierno anterior y que demostraron su eficacia para atender a grupos marginados y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
«Con esto los Diputados reafirmamos nuestro compromiso con la equidad, la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad, pues al quedar consagrados en la Constitución como derechos sociales, se garantiza su continuidad sin importar el signo político del gobierno en turno», resaltó.
La legisladora precisó que esto se hace con la finalidad de reducir la brecha de desigualdad en el país y garantizar la entrega de una pensión no contributiva a las personas menores de 65 años de edad, con discapacidad permanente.
Compartió que según datos del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2020, el 49.5 por ciento de la población que vive con discapacidad permanente, se encontraba en situación de pobreza, por lo que este tipo de reformas son clave para reducir la brecha de desigualdad social en el país.
Cabe señalar que dicha iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero, en la cual se establece que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos para garantizar los derechos establecidos, además de que el monto de dichos recursos no podrá ser disminuido, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
