-“De no otorgarse los recursos, la dimensión de esta crisis es la falta de atención anual de casi 41 mil juicios en materia civil y familiar, como pensiones alimenticias, custodias, regímenes de convivencia y divorcios, donde el retraso o la falta de infraestructura impactarán directamente a los ciudadanos», asegura.
Hermosillo, Sonora; 7 de octubre de 2025.— La diputada Gabriela Félix hizo un llamado al Congreso del Estado a contemplar las previsiones económicas necesarias dentro del Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2026 para la implementación gradual en Sonora del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
De no incluirse los recursos necesarios, Sonora estará «prácticamente imposibilitado» de implementar el nuevo Código en el plazo límite del primero de abril de 2027, incumpliendo así con una obligación a nivel federal.
A diferencia del Código de Procedimientos Penales, en esta ocasión la federación no dará recursos a las entidades, por lo que las acciones y responsabilidades recaen únicamente en el estado.
«Desafortunadamente, los desvíos millonarios por parte de los funcionarios encargados de implementarlo, hicieron que Sonora fuera el último estado de todo el país en transicionar hacia el nuevo sistema de justicia oral penal», señaló la legisladora.
Mencionó que frente a los recientes cambios a la justicia, es responsabilidad del congreso evitar que se debilite este poder, garantizando el acceso ciudadano a la justicia como un derecho constitucional.
Cualquier recorte al presupuesto solicitado por el Poder Judicial del Estado para 2026 recaerá directamente en la ciudadanía, afirmó. Para el próximo ejercicio fiscal, este solicita un monto de dos mil 126 millones 38 mil 877 pesos.
Sin embargo, en 2025, el Congreso aprobó 178 millones 908 mil 62 pesos menos de lo que proponía el Poder Judicial originalmente. Además, entre 2024 y 2025, también recibió un recorte presupuestario de 52 millones 191 mil pesos, documentó.
La dimensión de esta crisis, advirtió la legisladora, no es sólo numérica: son 40 mil 582 juicios que promovieron familias en 2024 tan solo en materia civil y familiar. Estos abarcan temas sensibles como pensiones alimenticias, custodias, regímenes de convivencia y divorcios, donde el retraso o la falta de infraestructura impactarán directamente a los ciudadanos.
«No podemos debilitar más a la justicia. Debemos garantizar que el Poder Judicial reciba los recursos necesarios para que implemente de manera gradual este nuevo código, porque el costo de hacerlo no lo recibirá el Poder Judicial, lo recibirán los ciudadanos», concluyó la diputada Félix.
